La Superintendencia Financiera aclaró que las indemnizaciones por incendio y terremoto deben pagarse directamente a la persona jurídica de la propiedad horizontal, sin necesidad de que previamente la asamblea decida sobre la reconstrucción del inmueble
Mediante el Concepto 2026252222-001 del 30 de octubre de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia resolvió una importante inquietud sobre el pago de las indemnizaciones correspondientes a los bienes comunes de edificios y conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal.
La entidad precisó que, conforme con el artículo 15 de la Ley 675 de 2001, las compañías aseguradoras no pueden condicionar el pago a la presentación de un acta de asamblea que autorice la reconstrucción o determine que el inmueble no será reconstruido.
Esta interpretación resulta especialmente relevante frente a las reclamaciones derivadas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que ocasionó daños en numerosos edificios y conjuntos residenciales.
La decisión de reconstruir no es requisito para recibir la indemnización
La Superintendencia explicó que el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 675 de 2001 regula la destinación de las indemnizaciones, pero no establece requisitos adicionales para que las aseguradoras efectúen su pago.
En consecuencia, basta acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, sin necesidad de demostrar previamente si el inmueble será reconstruido.
Tampoco puede exigirse, como condición para el pago, que se haya adelantado el procedimiento de extinción de la propiedad horizontal, mediante escritura pública y registro.
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¿A quién debe pagar la aseguradora?
El concepto establece que la indemnización por daños en los bienes comunes debe pagarse a la persona jurídica de la propiedad horizontal, por conducto de su administrador como representante legal, y no directamente a cada uno de los propietarios.
Esta regla se mantiene independientemente de que posteriormente se decida reconstruir el edificio o distribuir los recursos por no resultar procedente la reconstrucción.
¿Qué sucede con el dinero recibido?
La Superintendencia recordó que el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 675 de 2001 establece una destinación legal específica para estos recursos.
Cuando proceda la reconstrucción, las indemnizaciones deben destinarse prioritariamente a esa finalidad.
Cuando el inmueble no sea reconstruido, su importe deberá distribuirse entre los propietarios de bienes privados, en proporción a sus coeficientes de copropiedad y conforme con las normas legales aplicables.
La entidad precisó, además, que la expresión importe de la indemnización corresponde al valor efectivamente pagado por la aseguradora.
Es importante señalar que este concepto no autoriza al administrador a decidir unilateralmente sobre la reconstrucción del edificio ni sobre la distribución de los recursos. Esas actuaciones deberán sujetarse a las competencias y procedimientos establecidos en la Ley 675 de 2001.

Una distinción fundamental para las copropiedades
La interpretación de la Superintendencia permite diferenciar dos momentos jurídicos: el derecho de la propiedad horizontal a recibir la indemnización y las decisiones posteriores sobre la utilización del dinero.
La aseguradora no puede retrasar el cumplimiento de su obligación esperando decisiones que corresponden al funcionamiento interno de la copropiedad.
Por su parte, la administración deberá asegurar que los recursos recibidos tengan la destinación legal correspondiente, respetando las competencias de los órganos de administración y decisión.
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