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Sentencia SL 1450 – 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

Magistrado Ponente

SL14540-2014

Radicación n.° 38651

Acta n°. 3

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014)

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ, contra la sentencia del 14 de agosto de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral que promovieron DAIRO JELBER ROMERO, MARÍA JUDITH GARCÍA MONROY y ALIRIO ROMERO contra WILFREDY AGUIRRE MOLINA y solidariamente a la recurrente y a la SOCIEDAD TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A., al que fueron llamadas en garantía la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CÓNDOR S.A.

  1. ANTECEDENTES

Los demandantes solicitaron se declare que entre DAIRO JELBER ROMERO y WILFREDY AGUIRRE MOLINA existió un contrato de trabajo que terminó con el accidente de trabajo ocurrido el 12 de febrero de 2002, por culpa del empleador; como consecuencia, solicitan que se condene al demandado y solidariamente a las empresas EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. y TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. a pagarle a él como afectado directo y a MARÍA JUDITH GARCÍA MONROY Y ALIRIO ROMERO, como padres del trabajador, los perjuicios materiales en lo correspondientes a daño emergente, lucro cesante, consolidados y futuros por el accidente de trabajo, así como morales objetivados y subjetivados; la correspondientes indexaciones e intereses de las sumas deducidas; y las costas del proceso.

Como fundamento de las pretensiones expusieron que WILFREDY AGUIRRE MOLINA celebró contrato de obra No 001-02, con la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ S.A., el 05 de febrero de 2002, en beneficio del EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ PH.; para cumplir las obligaciones contraídas, el contratista vinculó verbalmente a DAIRO JELBER ROMERO, a fin de que se encargara de efectuar las labores encomendadas por ÁNGEL ANTONIO PRIETO RODRÍGUEZ, encargado de dirigir la obra; en cumplimento de las actividades pactadas y siendo aproximadamente las 9:00 a.m. del día 12 de febrero de 2002, el trabajador «se encontraba en uno de los andamios o en la cubierta, con tres de sus compañeros, lavando el techo de la parte superior interna del terminal, cuando de pronto una ráfaga de viento desestabilizó la estructura de la cubierta haciéndola caer, desafortunadamente sobre los trabajadores que se encontraban allí, quienes se precipitaron al suelo desde una altura aproximada de 10 metros, sufriendo por la altura traumas que le hacen más difícil la vida en adelante»; como consecuencia de lo anterior se causó la muerte a uno de los trabajadores y graves perjuicios en su salud al demandante; asegura que el accidente se debió a fallas existentes en la estructura del edificio, y a su vez, a la negligencia del contratista, pues no tomó las medidas necesarias para proteger a quienes están bajo su mando; además no contaba con los elementos de seguridad industrial apropiados para este tipo de labores, que son consideradas de alto riesgo.

WILFREDY AGUIRRE MOLINA se opuso a las pretensiones, aceptó el hecho de haber celebrado el contrato de obra aludido en la demanda y la vinculación del actor para la ejecución del mismo; afirmó que el accidente fue provocado por un fenómeno de la naturaleza a «la cual se le puede sumar la falta de mantenimiento de dicha edificación por parte de la sociedad TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. » ; negó que hubiese existido negligencia de su parte en el desarrollo de la obra, para lo cual aduce que fue él quien suministró a los obreros los elementos necesarios para la realización de la labor. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa activa, existencia de fuerza mayor y culpa exclusiva de la víctima. Así mismo, llamó en garantía a las aseguradoras EL CÓNDOR Y AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. (folios 176 a 205).

La sociedad TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. también se opuso a las pretensiones, aseveró que el beneficiario de las obras era el EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H., quien celebró contrato civil de obra con WILFREDY AGUIRRE MOLINA; argumentó que no existe certeza sobre las causas que ocasionaron el accidente, ya que «bien pudo tratarse de un caso fortuito debido a un hecho de la naturaleza o a otras circunstancias». Propuso las excepciones que denominó «falta de la prueba de la calidad como se comparece al proceso», «cobro de lo no debido», «falta de personería sustitutiva en la demandada por pasiva», «inexistencia de la solidaridad entre contratista y entidad contratante respecto de los perjuicios sufridos por el demandante», «culpa del demandante», «inexistencia de culpa en el actuar de la TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. » (Folios 248 a 253).

El EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. se opuso a las pretensiones, aceptó que celebró un contrato civil de obra con un tercero, en la cual no estaba la obligación de suministrar los elementos de trabajo o de protección; dijo que el beneficiario de la labor ejecutada por el precursor «podría ser igual al beneficio que podría producir un usuario a las personas que se movilizaban por las dependencias del tribunal o la misma ciudad de Ibagué»; aseveró que el accidente fue un caso fortuito. Formuló las excepciones que denominó «falta de jurisdicción y competencia”, «falta de personería sustantiva», «inexistencia de la solidaridad entre contratista y al empresa beneficiada», «inexistencia de culpa del demandante» e «inexistencia de culpa en el actuar de la TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. » (Folios 260 a 266).

La COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. se opuso a las pretensiones, alega que «un accidente solo puede catalogarse como profesional o con causa del trabajo bajo la existencia de un contrato de trabajo, en ese orden de ideas, no aparece probado que la vinculación entre el Sr. DARÍO JELBER ROMERO y el contratista WILFREDY AGUIRRE MOLINA sea de tipo laboral; por otro lado mal podría imputarse responsabilidad al EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. y a la TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. cuando las mismas no participaron en la ejecución de dicho contrato»; afirmó además, que la póliza de seguros suscrita por la aseguradora y el EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. cubre solo la propiedad horizontal. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación», «exclusión de solidaridad entre contratista y al empresa beneficiada”, “cobro de lo no debido», “buena fe», «prescripción», «falta de legitimación en la causa por pasiva», «caso fortuitito y fuerza mayor», «culpa exclusiva de la víctima», «colisión de culpa presenta», «falta de prueba que consulte la cuantía de los perjuicios» y «rebaja de la indemnización». Sobre o al llamamiento en granatita propuso las excepciones que denominó «prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo», «pago por la agrícola de seguros S.A. de acuerdo a las condiciones de la póliza modular de copropiedades», «obligatoriedad del texto contractual» y «existencia de coaseguro» (folios 331 a 345).

La aseguradora CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, contestó el llamamiento en garantía, oponiéndose a las pretensiones; aceptó que WILFREDY AGUIRRE MOLINA tomo una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual y cuyo beneficiario es el EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. Propuso a las excepciones que denominó “inexistencia del amparo respecto del lucro cesante, perjuicios morales en la póliza objeto de garantía», “limites de responsabilidad», “inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora», “cobro de lo no debido», “prescripción derivada del contrato de seguro» y “la genérica» (folios 359 a 363).

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, por sentencia de 15 de febrero de 2008, declaró que entre DAIRO JELBER ROMERO como trabajador y WILFREDY AGUIRRE MOLINA como empleador, existió contrato de trabajo; condenó «al demandado AGUIRRE MOLINA y al EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. en firme de este fallo y solidariamente a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. y a CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES hasta el valor contratado» en las correspondientes pólizas por el respectivo riesgo, a pagar: a DAIRO JELBER ROMERO la suma de $102.612.230.12 y $20.306.000.oo por perjuicios materiales y morales, respectivamente, debidamente indexados tal como lo certifique el DANE; a MARÍA JUDITH GARCÍA MONROY Y ALIRIO ROMERO, la suma de $10.153.000.00 a cada uno por perjuicios morales, debidamente indexados; absolvió al TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A.; impuso costas a la entidad demandada (folios 585 a 603).

  1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Por apelación de CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H., TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A. y WILFREDO AGUIRRE MOLINA, el ad quem mediante providencia del 14 de agosto de 2008, reformó la que fue objeto de alzada, « en el sentido de condenar a la persona jurídica llamada EL CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES a hacer efectiva, únicamente, la póliza de responsabilidad civil extracontractual hasta el monto del valor asegurado en favor de Dairo Jelber Romero» (folios 8 a 30 del cuaderno del Tribunal).

En lo que interesa al recurso que se limita al tema de la solidaridad, el ad quem luego de transcribir el texto del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y destacar que en el expediente se encuentra a folios 277 a 308, el Reglamento Interno de Copropiedad del Edificio Terminal de Transporte de Ibagué, precisó que «si bien en cierto el EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H. no influyó en la contratación del demandante, si se benefició de la actividad desarrollada por el contratista y para la cual contrató al demandante, la que sin dudad alguna fue afín con el objeto social de la persona jurídica convocada al proceso, pues el mantenimiento y limpieza de la infraestructura del edificio donde opera el terminal de trasportes hace parte de sus funciones, por ello, es solidariamente responsable de las indemnizaciones a cargo del empleador»; por otro lado indicó, «refirió además el recurrente, que debió demandarse solidariamente a la administración del edificio del terminal y no condenarse a la propiedad horizontal; esta argumentación resulta, en primer lugar, inoportuna, pues fue expuesta al sustentar la alzada, pero además, la administración hace parte integral de la sociedad demandada, quien es la que ostenta la personería jurídica y es precisamente la administradora su representante legal. En consecuencia, resultaría equivocado accionar contra la administración cuando quien celebró el contrato de obra fue el Edificio Terminal de Transportes de Ibagué – Propiedad Horizontal, por medio de su órgano de administración”.

RECURSO DE CASACIÓN

Fue propuesto por la demandada EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, el cual procede a resolver.

1.  ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que se case la sentencia del Tribunal, en cuanto confirmo la solidaridad respecto de las condenas que impuso, y en sede instancia, «previa la revocatoria de la condena solidaria proferida, se disponga la ABSOLUCIÓN TOTAL. En forma subsidiaria, solicitó se CASE la sentencia materia del recurso en cuanto confirmó las condenas a favor de los señores MARÍA JUDITH GARCÍA MONROY y ALIRIO ROMERO, para que en sede de instancia se REVOQUEN tales condenas y en su lugar se disponga la ABSOLUCIÓN correspondiente”, proveyendo sobre costas.

Con fundamento en la causal primera de casación formuló dos cargos los cuales fueron replicados.

PRIMER CARGO

Acusa la sentencia impugnada por violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 34 (3º del decreto 2351 de 1965) y 216 del C.S.T.

Señala como errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal, los siguientes:

«Dar por demostrado, sin estarlo, que el objeto de las actividades del Sr. WILFREDY AGUIRRE MOLINA es afín con el objeto social del EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ – PROPIEDAD HORIZONTAL.

«No dar por demostrado, estándolo que el objeto del EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ – PROPIEDAD Horizontales la administración de una obra con fines primordialmente públicos destinada al beneficio de la comunidad y no la de pintura de postes, lámparas y astas y desmanchados de ante techos”.

Denuncia como pruebas mal apreciadas el contrato de obra celebrado entre Wilfredo Aguirre y el Edificio Terminal de Transporte de Ibagué, visible a folios 18 a 19, 206 a 207 y 255 a 256, así como el Reglamento de Copropiedad del Edificio de folios 277 a 308. Por su no valoración, acusa la propuesta o cotización presentada por Wilfredo Aguirre de folio 257 a 258 y la constancia de la alcaldía de Ibagué sobre la existencia y representación del citado edificio de folios 12 y 13.

En la demostración del cargo advierte que el error del Tribunal fue considerar que entre las actividades de WILFREDY AGUIRRE MOLINA como contratista independiente y las propias del EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ P.H., hay la conexidad o complementariedad que genera la solidaridad para éste, respecto las obligaciones laborales del primero; que además, el tribunal no vio, cuando debió hacerlo, que la función del mencionado edificio no se centra en actividades de limpieza sino que va mucho más allá como se desprende del contenido del documento que tuvo en cuenta el Ad quem, pero dentro de una apreciación equivocada, pues no reparó en que las funciones son las de administrar «una obra con fines primordialmente públicos, destinada al beneficio de la comunidad”.

En conclusión, precisa que «el tribunal incurrió en los desatinos que se le atribuyen y que se concretan en considerar que hay afinidad entre el objeto de las actividades del señor WILFREDY AGUIRRE MOLINA como contratista y la demandada como administradora de un bien de uso público primordialmente y destinado al bienestar de la comunidad

SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia impugnada de violar por vía directa y por interpretación errónea el artículo 216 del C.S.T. y aplicación indebida del artículo 34 del C.S.T. modificado por el artículo 3º del decreto 2351 de 1965.

En la demostración del cargo advierte, que hay solidaridad entre el beneficiario o dueño de la obra y el contratista sobre las obligaciones laborales de este, cuando las labores del primero no son extrañas a las del segundo, pero es claro que cuando alude al beneficiario no se refiere a que siempre haya beneficio para el contratante deba existir dicha solidaridad, pues ello haría inútil que hubiera contemplado la conexidad entre las actividades del uno y de otro, como elemento determinante de la solidaridad; indica que es claro que la sola condición de beneficiario no es suficiente para que se declare la solidaridad en comento y por eso, al partir el tribunal únicamente de la noción de beneficiario para derivar la solidaridad, dejó de tener en cuenta lo atinente a la conexidad entre las labores de uno y otro y con ello incurrió en una aplicación indebida de la disposición en cuestión.

En cuanto a la indemnización de perjuicios impuesta por el Ad quem, adujo ser claro que se incurrió en un equivocado entendimiento del artículo 216 del C.S.T., pues para la utilización de la norma acudió a varios pronunciamientos jurisprudenciales, pero no tuvo en cuenta que en ninguno de ellos se prohíja la aplicación extensiva de esta disposición a terceros ajenos a la relación laboral; «lo cierto es que en ocasiones esa indemnización se reconoce a favor de los terceros, pero ello obedece a cuando se ha producido como consecuencia del accidente, el fallecimiento del trabajador y, por tanto, sus causahabientes entran a ocupar el puesto del fallecido”; pero en este caso el señor Romero no falleció y no hay lugar a que sus padres ocupen el puesto jurídicamente, ni a que reclamen perjuicios de ninguna naturaleza.

VII.  LA RÉPLICA

Sobre el primer cargo afirma que la actividad prestada por el demandante es extraña a las normales del Edificio Terminal de Transporte de Ibagué, como quiera que la actividad de la propiedad horizontal se encuentra totalmente reglamentada por la ley, como es la 428 de 1998; que por expreso mandato legal, una de las actividades comunes a desarrollar dentro del giro normal es el mantenimiento de la propiedad horizontal, en otras palabras la administración del edificio; que el actor estuvo vinculado con el demandado, mediante contrato de trabajo y la labor que desarrolló encaja dentro de las que realiza normalmente el edificio, es decir el objeto de toda propiedad horizontal es administrar la misma.

En relación al segundo cargo, sostiene que «la reparación total, desde luego, debe involucrar la reparación del mismo a terceros, que como en el caso en estudio, se demostró que aquellos terceros, sus padres, dependían de él”; que como el trabajador accidentado no se vale por sí mismo, la responsabilidad recae sobre sus padres, y por ello les corresponde recibir una parte del daño por carencia de la reparación real de la misma.

VIII. SE CONSIDERA

El Tribunal para deducir la solidaridad de la recurrente Edificio Terminal de Trasporte de Ibagué S.A., respecto de la indemnización plena y total de perjuicios ocasionados por el accidente de trabajo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que aun cuando aquel no influyó en la contratación del trabajador accidentado, sí se benefició de la actividad desarrollada por el contratista y que ejecutó el trabajador, lo cual a su juicio es afín con el objeto social de aquella persona jurídica, en tanto que el mantenimiento y limpieza de la infraestructura del edificio donde operada el terminal hace parte de sus funciones.

Para resolver la controversia que propone el censor en los dos cargos planteados, es pertinente destacar que conforme al contrato que reposa a folios 18 -19, 206 – 207 y 255 – 256, se observa que la sociedad Edificio Terminal de Transportes de Ibagué en calidad de contratante y Wilfredy Aguirre M como contratista, acordaron la ejecución de la siguiente obra «Desmanchado y lavado ante techo parte superior interna de la Terminal en cantidad de 502.40 M2, pintura de 53 postes metálicos de alumbrado público y pintura de 5 astas para bandera”, fijándose como fecha de iniciación el 6 de febrero de 2002 y de terminación el 20 del mismo mes y año.

Por su parte, el Reglamento de Copropiedad del Edificio Terminal de Transporte de Ibagué, que obra a folio 277 a 308, da cuenta que dentro de las diferentes funciones que le corresponde asumir a los órganos de dirección y control, como son la asamblea de copropietarios, el Consejo de Administración y el administrador, se encuentra la de «cuidar la conservación, reparación, limpieza, estética, orden y mantenimiento del edificio en general”.

Teniendo en cuenta el razonamiento que hizo el Tribunal en torno a la solidaridad y en perspectiva de lo que informan esos dos medios de prueba que se han relacionado con anterioridad, es claro que en efecto el sentenciador de alzada sí obtuvo una inferencia abiertamente equivocada, al concluir que como dentro de las funciones del administrador de la copropiedad se encontraba la de velar por el mantenimiento del edificio en general, la labor que contrató la sociedad Edificio Terminal de Transportes de Ibagué en calidad de contratante y Wilfredy Aguirre M como contratista, correspondiente a «Desmanchado y lavado ante techo parte superior interna de la Terminal en cantidad de 502.40 M2, pintura de 53 postes metálicos de alumbrado público y pintura de 5 astas para bandera”, eran afines con el beneficiario de la obra.

En efecto, el objeto de una Terminal de Transporte y su constitución como propiedad horizontal, no se enfoca a aquellas actividades de limpieza, pintura y desmanchado de sus propias instalaciones, que fueron las que se realizaron a través del contratista independiente, sino que su propósito está básicamente dirigido a administrar una copropiedad a la que se le ha dado un carácter público destinada al beneficio de la comunidad, como claramente se indica en el respectivo Reglamento que obra a folios 27277 a 308 del expediente.

En las anteriores circunstancias, si el objeto social del Edificio Terminal de Transportes de Ibagué, no está relacionado con el giro o la actividad del contratista que ya se dejó descrita con precedencia, y tampoco emerge alguna afinidad entre ellas, la solidaridad que contempla el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no puede deducirse en el sub judice, pues el hecho de que la propiedad horizontal deba hacer reparaciones y mantenimiento al edificio, así como cuidar la conservación del mismo, esa sola circunstancia no puede conducir a que se derive la supuesta afinidad que dedujo en forma equivocada el sentenciador de alzada entre las labores que desarrolla el contratante y las que ejecuta el contratista, pues para que esa solidaridad se configure, no basta simplemente que con la actividad desarrollada por el contratista independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario, como aquí sucede, sino que se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.

En consecuencia los cargos prosperan

Como consideraciones de instancia, son suficientes las mismas motivaciones que se dejaron consignados en sede de casación, pues al no aparecer demostrados los supuestos fácticos exigidos por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo para que se produzca la solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario o dueño de la obra, se impone revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó al Edificio Terminal de Transportes de Ibagué – Propiedad Horizontal a pagar solidariamente las sumas dinerarias allí deducidas, para en su lugar, absolver a la misma de todas las reclamaciones incoadas en su contra.

De igual forma, al no deducirse ninguna responsabilidad solidaria respecto del beneficiario de la obra, esto es del EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ, por sustracción de materia tampoco hay lugar a derivar condena alguna frente a las llamadas en garantía COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. y CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, pues al ser exonerada aquella de toda obligación, igual suerte de correr la empresa que le aseguró sus riesgos.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de agosto de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario promovido por DAIRO JELBER ROMERO, MARÍA JUDITH GARCÍA MONROY y ALIRIO ROMERO contra WILFREDY AGUIRRE MOLINA y solidariamente contra el EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ y la SOCIEDAD TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ S.A., al que fueron llamadas en garantía la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CÓNDOR S.A., en cuanto confirmó la condena solidaria que el juez de primer grado le impuso a la recurrente EDIFICIO TERMINAL DE TRASPORTES DE IBAGUÉ.

En sede de instancia, se REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de primer grado, en cuanto condenó solidariamente al EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ al pago de las sumas deducidas a favor de los demandantes, y las llamadas en garantía COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. y CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, para en su lugar, absolverlos de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Sin costas en el recurso de casación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE