La Sala de Conjueces tuvo en cuenta para decidir  el precedente judicial horizontal, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, según Acta No. 008 de 2019,y Sentencia de 19 de febrero de 2019, dictada en el Proceso Verbal de Consultorías y Asesorías Legales SAS Vs Parcelación Club de Campo La Morada, Rad. 76001-31-03-010-2017-00147-01, M.P. Carlos Alberto Romero Sánchez, precedente del cual se extraen los siguientes criterios por ser pertinentes:

” 1.- Al tenor de lo indicado en el articulo 382 del C. G. de P., <<la demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, solo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el termino se contará desde la fecha de la inscripción>>”

“Igualmente, emerge del análisis del precepto referido, sin lugar a duda alguna, que el término de caducidad allí previsto debe contabilizarse desde <<la fecha del acto respectivo”, lo que indica que la iniciación del respectivo conteo se define por la calenda en que se lleva a cabo el acto impugnado, o en otros términos desde el momento en que el mismo fue adoptado por el respectivo órgano de decisión>>.”

(…) “Lo anterior, pone en evidencia que el término de caducidad establecido por la Ley para la interposición de una demanda como la presente, se encontraba fenecido para el momento en que se interpuso el libelo, cuestión que impedía la admisión del trámite.

3.- Por supuesto, no varían las anteriores conclusiones ante los esfuerzos argumentativos de la parte recurrente, pues aunque la misma, por conducto de su apoderado judicial, se engastó en advertir que la fecha de los actos impugnados o su existencia estaba condicionada a la suscripción el acta correspondiente, lo cierto es que la Sala no encuentra fundamento legal que permita llegar a conclusión semejante.

“En efecto, se aduce en el recurso que tal postura encuentra arreglo en el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, a cuyo tenor “las decisiones de la asamblea se harán constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse si es ordinaria o extraordinaria, además la forma de la convocatoria, orden del día, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente, y los votos emitidos en cada caso.” Sin embargo, no emerge del tenor literal de dicha normativa que la suscripción del acta que da cuenta del desarrollo de la asamblea se encuentre prevista como un condicionante de la existencia jurídica de las decisiones adoptadas en la misma, valga señalar, sin perjuicio del tratamiento especial que tienen las decisiones sometidas a registro.”

(…) “5.- Finalmente, se advierte que no hay lugar a modificar las referidas conclusiones en atención a los demás argumentos vertidos por la parte demandante, en los que se refirió a la aplicación del referido artículo 47 de la Ley 675 de 2001 y a la importancia de la suscripción del acta, y en resumen, hizo alusión a la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 382 del C.G. del P.” (…)

(…) “Esta realidad impone también concluir que no existe contradicción entre la normativa y el artículo 382 adjetivo, y mucho menos entre este y el artículo 29 superior (debido proceso), pues en este último no se restringe ni impide a los copropietarios conocer la decisión, lo que se regula es el plazo con que cuentan para controvertirla, temática frente a la cual, el legislador cuenta con unamplio margen de acción, como ha sido reconocido en varias oportunidades por la Corte Constitucional (C-985 de 2010).” (…)