(…) “Tratándose del revisor fiscal, como ya lo anotamos, se consagran 4 niveles de responsabilidad: civil, penal, administrativo y disciplinario.

La responsabilidad civil asume dos formas clásicas: contractual y extracontractual. Lo que caracteriza a ambas es su finalidad de proteger el patrimonio. En desarrollo de la primera se cautela el patrimonio frente a las consecuencias del incumplimiento de los convenios; mediante la segunda se protege a terceros, es decir a personas con la cuales no exista un vínculo negocial, de cualquier daño no justificado que se les llegue a causar. Este tipo de responsabilidad se demanda ante los jueces civiles, normalmente acudiendo al rito de los procesos ordinarios y declarativos. En caso de ser hallado culpable, el contador es condenado a indemnizar el daño emergente y el lucro cesante. La ley y la jurisprudencia admiten la condena no solo por perjuicios económicos sino también por los morales. En principio la medida de la indemnización por el daño emergente está definida por la magnitud del daño causado. Por expresa disposición legal el revisor fiscal es responsable ante la persona jurídica, ante sus dueños y ante terceros, por los daños que con dolo o negligencia llegue a causarles.

“La responsabilidad penal se fulmina como consecuencia del delito. Este se define como todo hecho “típico, antijurídico y culpable”. En virtud del principio de tipicidad los delitos deben ser claramente establecidos por las leyes. La consagración de una conducta como delito es asunto de política jurídica y generalmente responde a conceptos propios de lo que contemporáneamente se llama “ética civil”. La investigación y represión del delito corresponde de manera oficiosa al Estado. Son insignificantes los eventos en los cuales para iniciar un proceso penal se requiere querella de un particular. Todas las personas mayores de 18 años están obligadas a denunciar el delito y de no hacerlo, pueden llegar a incurrir en complicidad, favorecimiento o receptación. El castigo por el delito admite varias modalidades. La principal y más usual es la privación de la libertad. Existen conductas menores, denominadas contravenciones, que suelen tener un castigo más benigno. La ley y la jurisprudencia colombiana no admitían la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mas ésta última cambió recientemente de posición. El delito apareja una acción civil orientada conseguir el restablecimiento de los derechos y el resarcimiento del daño causado por el hecho punible. Dentro de esa acción civil está regulada la figura del “tercero civilmente responsable” calidad que en un importante número de casos pueden tener las sociedades de contadores públicos por ocasión de los actos de sus asociados, dependientes o contratistas. A la acción civil se le aplican, por regla general, las normas propias de la responsabilidad civil extracontrachual. La acción penal es independiente de la civil, al punto que solucionada esta aquella puede sobrevivir. Para efecto de las penas la ley asimila a los contadores Públicos a funcionarios públicos, lo que se traduce u obra como agravante de responsabilidad, determinando un castigo mayor dentro del rango establecido por el legislador. Los delitos que con mayor probabilidad podría cometer un contador público en el ejercicio de sus funciones son la falsedad, el fraude procesal y el encubrimiento.