La ley 1796 de 2016 conocida como Ley de Vivienda Segura, delegó en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) la función de control, inspección y vigilancia sobre las Curadurías Urbanas a partir de julio 13 de 2017.

En ejercicio de tales funciones la Superintendencia debe tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el servicio de los curadores urbanos, además de realizar visitas generales y/o especiales a las curadurías urbanas, como una medida preventiva, así como ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades.

Esta ley también le permite a la SNR fijar las directrices para la creación de un concurso de méritos público y abierto para elegir a los curadores. El proceso de elección será similar al que actualmente se adelanta con los notarios y los registradores de instrumentos públicos. No obstante, este proceso tendrá una característica adicional: serán los alcaldes de cada ciudad los encargados de nombrar a los curadores que quedan en una lista de elegibles