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Sentencia T-333 de 2018

Sentencia T-333/18

Referencia: expediente T-6.615.365

Acción de tutela instaurada por Roberto Ramírez Rojas contra el Condominio Poblado Turístico San Marcos

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en el artículo 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

Dado que la Corte Constitucional ha analizado en varias ocasiones el problema jurídico correspondiente al asunto de la referencia, la Sala reiterará la jurisprudencia ya existente sobre la materia. Por lo tanto, tal y como lo ha hecho en múltiples ocasiones esta Corporación en casos de este tipo, la presente sentencia será sustanciada de manera breve.

  1. El 20 de septiembre de 2017, Roberto Ramírez Rojas presentó acción de tutela contra la propiedad horizontal Condominio Poblado Turístico San Marcos, pues considera que dicha entidad vulneró sus derechos de petición y acceso a la información. El 17 de abril de 2017, en calidad de propietario de uno de los predios que hacen parte del condominio, presentó una solicitud ante la administradora de la accionada para que le suministrara una copia del acta de la reunión anual de la Asamblea General ocurrida en 2017. Sostiene que transcurrió un mes sin que recibiera respuesta, por lo que el 18 de mayo de 2017 volvió a presentar una solicitud, y esta vez pidió además que le fuera expedida una copia de la convocatoria a los propietarios para la reunión mencionada y una copia del presupuesto anual que se propuso en el momento de convocar a la Asamblea. El accionante adjuntó como pruebas copias de las solicitudes mencionadas con el sello de radicado de la accionada. En el expediente no consta respuesta de la propiedad horizontal.
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  1. El juez de primera instancia negó el amparo. Consideró que “del estudio de la tutela se puede observar que con el actuar de la entidad entutelada no se le está causando un perjuicio irremediable al accionante”. Agregó que “tampoco se está vulnerando derecho fundamental alguno” del actor. El demandante impugnó el fallo y este fue confirmado en segunda instancia. El juzgado que conoció de la impugnación estimó que la acción de tutela era improcedente, en la medida que el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 no prevé “el ejercicio del derecho de petición ante una propiedad horizontal y, además, no se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para acceder a las pretensiones de la sociedad [sic] demandante”.
  1. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, por un lado, la acción de tutela es procedente cuando un copropietario o residente de una propiedad horizontal la presenta contra los órganos de administración de esta, pues el primero se encuentra en una situación de subordinación frente a los segundos. Por otro lado, una organización o institución privada vulnera el derecho de petición de una persona que se encuentra en subordinación frente a la primera cuando dicha persona presenta una solicitud y la entidad no emite una respuesta de fondo dentro del término legalmente establecido para ello.
  1. En el presente caso, que la Corte es competente para conocer, la Sala encuentra que la acción de tutela que Roberto Ramírez Rojas presentó contra el Condominio Poblado Turístico San Marcos resulta procedente. De conformidad con la jurisprudencia sobre la materia, esta Corporación revocará las sentencias de primera y de segunda instancia, y ordenará a la accionada contestar de fondo y de manera clara las peticiones del actor. La Sala encuentra que se probó que el accionante interpuso dos solicitudes ante la propiedad horizontal demandada el 17 de abril y el 18 de mayo de 2017, y que esta las recibió, pues las dos cuentan con el respectivo sello de radicado acompañado por las fechas de recepción y la firma del funcionario correspondiente.

  1. Según se indica en las peticiones, el accionante es propietario de uno de los lotes que hacen parte de la propiedad horizontal, por lo que, en virtud de la jurisprudencia mencionada antes, se encuentra en una relación de subordinación frente a los órganos de administración del condominio. Como se indicó anteriormente, a través de las peticiones presentadas, el accionante pretendía acceder a una serie de documentos relativos a la reunión anual de la Asamblea General de la propiedad horizontal que tuvo lugar en 2017. Por consiguiente, las peticiones involucraban el derecho a la igualdad del señor Ramírez frente a los demás copropietarios y habitantes del condominio, así como sus derechos de participación en las decisiones de los órganos de administración de este. En este sentido, la Corte concluye que la accionada vulneró el derecho fundamental de petición del accionante al omitir dar respuesta a sus solicitudes.
  1. La Sala aclara que no está de acuerdo con el argumento del juez de segunda instancia, de acuerdo con el cual la acción de tutela es improcedente en el caso concreto, pues la lista de organizaciones e instituciones privadas prevista en el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 no incluye a las propiedades horizontales. Esta lista no debe ser entendida como taxativa. El artículo 32 de dicha ley estatutaria establece expresamente la regla según la cual cualquier persona puede presentar peticiones para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas y provee una lista de ejemplos de organizaciones e instituciones frente a las que, a pesar de tratarse de particulares, es posible ejercer el derecho de petición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

Primero.  REVOCAR los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Doce (12) Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, D.C. el 2 de octubre de 2017 y por el Juzgado Veintidós (22) Civil del Circuito de Bogotá, D.C. el 29 de enero de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho de petición del accionante.

Segundo. ORDENAR al Condominio Poblado Turístico San Marcos que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a contestar de fondo y de manera clara las peticiones de Roberto Ramírez Rojas.

Tercero.  Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Con salvamento de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria general